La rocambolesca historia de una supuesta plantación de marihuana detectada en el verano del 2013 por un policía municipal de Sant Cebrià de Vallalta (Maresme) en terrenos de la actual alcaldesa, Antonia Benítez, y que al parecer había sido desmantelada poco antes de la inspección de los Mossos ha propiciado que el titular del juzgado 3 de Arenys de Mar impute a la concejal de Gobernación del Ayuntamiento, Mónica García Ruiz, y un funcionario municipal por revelación de secretos oficiales y atentado contra la administración. La alcaldesa atribuye la denuncia a un montaje político para desprestigiar el gobierno.
Los hechos se remontan al mes de junio del año pasado cuando un vecino, exconcejal de CiU, pone en conocimiento del juzgado de instrucción lo que a su juicio eran hecho delictivos «por parte de varios componentes del gobierno actual» según la documentación a la que ha tenido acceso La Vanguardia. El día 13, la policía local detectaba dos instalaciones presuntamente dedicadas a la producción de marihuana, de las que emanaba el característico olor a esta hierba. En una de ellas (ubicada en el 198 de la calle Maresme) fueron incautadas 500 plantas y detenido un traficante y la otra, la finca La Pedrera, es copropiedad de la entonces concejal de Urbanismo, Antonia Benítez, que compartía dos años de alcaldía con el PSC. En ambos casos, junto al informe fotográfico policial, se puso en conocimiento de los Mossos d’Esquadra, que según las mismas fuentes «tardaron entre cuatro y cinco días en montar el operativo».
En este tiempo, según la documentación aportada al juez, unos hechos que sólo eran conocidos por algunos agentes, pero que «una persona vinculada al ayuntamiento» interceptó por descuido en una conversación fueron filtrados al equipo de gobierno. Tal información originó un enfrentamiento entre la concejal de Gobernación, Mónica García Ruiz, y el jefe de la policía local, Jordi Nogueras, a quién recriminó no haber informado a los responsables políticos. Entre tanto, cuando los mossos se deciden a intervenir en la supuesta plantación de La Pedrera, no encontraron nada ya que al parecer había sido desmantelada y sólo pudieron localizar, en el interior de uno de los vehículos registrados, abono y mangueras. Tal como confirman desde el TSJC, el juez tomó declaración al jefe de la policía y a varios funcionarios, lo que derivó en la imputación de la concejal y un trabajador municipal. No obstante, las mismas fuentes apuntan que el fiscal, ante la ausencia de pruebas y acusaciones basadas únicamente en el olor a marihuana, ha pedido el archivo provisional de la causa.
Ante la imputación, la alcaldesa independiente de Sant Cebrià, Antonia Benítez, ha reaccionado con indignación y asegura que la acusación está basada en un falso montaje dirigido a desprestigiar su persona, «políticamente muy molesta para algunos» y admite que tenía alquilada la casa de La Pedrera, pero que «desconocía la actividad de sus inquilinos» que ya han abandonado la finca. Por su parte, el concejal y exalcalde socialista, Pere Vega, ante lo que considera un intento de perjudicar al gobierno actual (PSC-TxSC), que después de muchas legislaturas ha roto la hegemonía convergente, ha anunciado que en el momento que concluya el proceso judicial, estudiarán iniciar acciones penales contra los responsables de lo que define como una denuncia falsa «de la que tenemos pruebas», asegura. En paralelo, sin que nadie quiera admitir alguna relación con el caso, el jefe de la policía local ha pedido su traslado a otro municipio.
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