Túnez tiene leyes muy estrictas en contra de la marihuana. Tras el arresto [en] del activista y bloguero Azyz Amami, quien estuvo haciendo campañas para abolir dichas leyes, los llamados para enmendar la legislación en torno al consumo de drogas en el país se han multiplicado.
La Ley 52 del 18 de mayo de 1992, que esboza las penalizaciones por ofensas relacionadas a las drogas, establece de uno a cinco años de prisión y multa de hasta 3,000 dinares (USD1,900) a quienes sean sorprendidos “consumiendo o en posesión para consumo personal de plantas y sustancias narcóticas, en casos no autorizados por la ley”. La ley también determina una sentencia de hasta tres años y una multa máxima de 5,000 dinares (USD3,100) a “cualquier persona que de manera deliberada frecuente un lugar asignado y equipado para el uso de narcóticos”.
De acuerdo a recientes datos de Naciones Unidas [en], más de la mitad de las 13 mil personas detenidas y en espera de juicio, así como alrededor de un tercio de los 11 mil convictos de Túnez, fueron arrestados por abuso de drogas, particularmente marihuana.
Estas alarmantes estadísticas han provocado que un grupo de activistas inicien Al Sajin 52 (‘Prisionero 52′ en alusión a la ley 52), una iniciativa de la sociedad civil que busca enmendar la Ley 52 y “salvar a las futuras generaciones del país”. El grupo argumenta que esta “ley represiva” sólo contribuye a cárceles abarrotadas y no ha hecho nada para frenar el crecimiento de fumadores de cannabis.
Comentarios recientes