Nueva York– La ley federal que convierte la posesión de mariguana en un delito tiene sus orígenes en una legislación que fue proclamada en la atmósfera de la histeria durante la década de los 30’s y se encuentra firmemente enraizada en los prejuicios en contra de inmigrantes mexicanos y estadounidenses afroamericanos, quienes fueron asociados con el consumo de la mariguana de la época. Esta historia con tintes raciales vive en la actual norma federal, la cual está tan encausada por el mito y la propaganda que es casi inmune al raciocinio.
La planta cannabis, también conocida como cáñamo, era cultivada en gran medida en Estados Unidos para su uso en la fabricación de telas a mitad del siglo XIX. La práctica de fumarla se dio a conocer en los poblados fronterizos de Texas alrededor de 1900, puesta en boga por inmigrantes mexicanos que cultivaban la cannabis y la utilizaban como un estupefaciente y para propósitos medicinales, tal como acostumbraban hacerlo en México.
Durante un periodo de unos 15 años, la cannabis era abundante a lo largo d la frontera de Texas y era promocionada libremente en los mercados de abarrotes y droguerías, algunas de las cuales enviaban pequeños paquetes por correo a clientes en otros estados.
La visión que la Policía tiene de la mariguana fue indeleblemente moldeada por el hecho de que en un inicio fue vinculada a las personas morenas provenientes de México y posteriormente pasó a ser identificable con las comunidades pobres afroamericanas en el país. La Policía en los poblados fronterizos de Texas satanizó la planta en términos raciales como la droga de las poblaciones “inmorales” que prontamente eran etiquetadas como “malvadas”.
Tal como los académicos legales, Richard Bonnie y Charles Whitebread explican en su historia acreditada, “The Marihuana Conviction” (La condena de la mariguana), “la popularidad de la droga entre las minorías y otros grupos prácticamente aseguró que sería clasificada como “narcótico”, atribuyéndosele cualidades adictivas que no tenía, y fue catalogada como droga peligrosa al lado de otras substancias como la heroína y la morfina.
Para principios de los años 30, más de 30 estados habían prohibido el consumo de la mariguana para propósitos que no fueran estrictamente médicos. Pero el golpe federal aún estaba por venir.
El escenario para la supresión federal de la mariguana se maquinó en Nueva Orleans, donde un prominente doctor culpaba a los “muggle-heads” —tal como se les llamaba a las personas que fumaban mariguana— de una oleada de robos. La ciudad se vio pronto inundada de artículos de periódicos sensacionalistas en los que se representaban a los puchadores rondando las escuelas con el fin de convertir en “adictos: a los niños. Estas historias popularizaron las falsas nociones sobre la droga, mismas que han circulado por décadas. Al mismo tiempo, los oficiales de la Policía también traficaron con la teoría del “asesino”, bajo la cual se decía que los homicidas fumaban cannabis para armarse de valor antes de cometer asesinatos y disturbios.
En 1930, el Congreso consolidó la iniciativa de control de drogas conformando el Departamento Federal de Narcóticos, encabezado por el ingenioso comisionado, Harry Jacob Anslinger, quien se convirtió en el arquitecto de la prohibición nacional. Su teoría estaba respaldada por dos aseveraciones: de que la droga ocasionaba locura; y que instaba a las personas a cometer horrendos actos de criminalidad. Otros, en ese entonces, argumentaban que la mariguana era tremendamente adictiva.
Anslinger quizás no creía en dicha propaganda, pero la alimentaba ofreciendo escabrosas historias a la prensa con el fin de justificar la intervención federal. Este tipo de narrativa tuvo un gran efecto en las audiencias del Congreso, lo cual conllevó a la puesta en vigor de la Ley de Impuestos Sobre la Mariguana de 1937, con la cual se intentaba erradicar el consumo y venta de la droga por medio de la grabación de altos impuestos.
Bonnie y Whitebread reportan que en la lista de testigos en dichas audiencias no se encontraba ni una sola persona que hubiera hecho una investigación importante sobre los efectos de la cannabis. Anslinger testificó que incluso un sólo cigarrillo de mariguana podría inducir una “manía homicida”, instando a las personas que querer matar a sus seres queridos. El proyecto de ley fue proclamado de manera conveniente, y el Presidente Franklin Roosevelt lo firmó para convertirlo en ley.
No fue hasta 1951, cuando el Congreso volvió a tocar el tema, que un respetable investigador fue llamado a rendir testimonio. El doctor Harris Isbell, director de investigación del Hospital del Servicio de Salud Pública en Lexington, Kentucky, impugnó las teorías de locura, crimen y adicción, diciéndole al Congreso que el “fumar mariguana no ocasionaba ningún tipo de efecto secundario que fuera desagradable, no se desarrollaba una dependencia de la droga, y que la práctica de fumarla podía ser abandonada en cualquier momento”.
A pesar del testimonio del doctor Isbell, el Congreso intensificó las sanciones impuestas a los consumidores. EL estado siguió el ejemplo de la federación; Luisiana, en su caso, impuso sentencias que iban de los cinco a los 99 años en prisión, sin derecho a la libertad condicional, por venta, posesión o administración de drogas y narcóticos. La lógica no era de que la mariguana en sí misma fuera adictiva —dicho argumento había sido repentinamente abandonado— sino que era un “escalón” que conducía a la adicción de la heroína. Esto pasó sin ser discutido en ese entonces.
El país aceptaría este enfoque sin sentido y punitivo de sentencia siempre y cuando las minorías y los pobres pagaran el precio. Pero, para finales de los años 60, la mariguana había sido apropiada por los estudiantes universitarios anglosajones de las clases pudientes. Viendo que las vidas de la gente blanca eran arruinadas por las leyes contra la mariguana, las actitudes públicas en torno a las duras sentencias cambiaron, y, en 1972, la Comisión Nacional para el Abuso de la Mariguana y Otras Drogas dio a conocer un reporte con el que se impugnaba el enfoque anterior.
La comisión concluyó que la criminalización era “un mecanismo muy duro para que fuera aplicado a la posesión personal, incluso en su intento por querer disuadir el consumo de la mariguana”, y que “el daño potencial y verdadero ocasionado por el uso de la droga no era tan grave como para justificar la intromisión de la ley penal en el comportamiento privado, una medida que nuestra sociedad aceptaría con enorme reticencia”. La administración de Nixon desestimó todas estas ideas.
A mitad de los años 70, virtualmente todos los estados habían disminuido las sanciones por posesión de mariguana. Treinta y cinco estados y el Distrito de Columbia han hecho legal el uso medicinal de alguna de las variantes de la droga. La más reciente decisión del Departamento de Justicia de no demandar a los estados que legalizan la mariguana —siempre y cuando cuenten con fuertes normas policiales— libera un poco la tensión entre las leyes estatales y federales, pero aún deja un gran número de problemas legales sin resolver.
El gobierno federal ha dado un pequeño paso alejándose de la irracional aplicación de la ley. Pero aún se aferra a una política que tiene sus orígenes en el racismo y la xenofobia, cuyo principal efecto ha sido la ruina de muchas vidas por varias generaciones.
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