Hoy viernes 7 de noviembre la CatFAC ha convocado una rueda de prensa informativa en el Hemp Musem de Barcelona, en la que ha explicado todo el proceso que ha permitido el desarrollo de la propuesta de regulación de las asociaciones cannábicas de Cataluña, aprobada por el Parlament de la Generalitat ayer, 6 de noviembre.
La CatFAC ha estado presente, ya desde sus inicios en 2011, en todo el proceso, colaborando con las diferentes administraciones, como el Consell Català de Salut. Y como tal, se sienten, en parte, impulsores de la propuesta.
Dicha propuesta son una serie de recomendaciones, dirigidas tanto a asociaciones como a ayuntamientos, cuyos principales puntos tienen que ver con el control de acceso, la edad mínima de los socios, el tiempo de espera de 15 días hasta que el nuevo socio pueda tener acceso a su cuota, cuestiones de salud e higiene, el evitar molestias a los vecinos, la restricción en el uso de otras drogas o la limitación de distancia (que impediría la proximidad de éstas entre sí o con alguna escuela, por ejemplo).
Este último punto es uno de los más polémicos ya que, al no estar claramente definido, deja margen de interpretación para cada administración, que, por motivos puramente morales, podría denegar una licencia. Jaume Xaus ponía el ejemplo reciente de Castelldefells, donde el ayuntamiento, del PP, obliga a respetar una distancia de más de 1 km respecto a centros educativos o sanitarios, distancia prácticamente imposible de asumir en una localidad del tamaño de ese municipio.
En general la propuesta ha sido recibida por la CatFAC con moderada satisfacción. Por un lado, como resalta el propio Xaus, es un paso histórico, puesto que por primera vez se hace un intento de regulación en este sentido en Cataluña, reconociendo el derecho al funcionamiento de las asociaciones cannábicas. Ha habido implicación por parte de todos los grupos parlamentarios, incluso del PP, que no ha firmado la propuesta, pero ha seguido el proceso y ha tenido una actitud crítica, pero constructiva. Pero por otro lado, queda muy lejos todavía de una regulación plenamente satisfactoria. Ha faltado consenso político, dicen, y hay cuestiones vitales, como el cultivo o el transporte, que han quedado sin definir. Incluso, según Patricia Amiguet, entre el entorno parlamentario se es consciente de que queda mucho por hacer. Se quejan desde la CatFAC de que siguen tiendo mucha inseguridad jurídica y que la propuesta se puede interpretar como un pequeño parche.
Como Amiguet dice, están muy contentos, pero se tiene que seguir trabajando. Esto es solo el principio de una nueva etapa.
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