La política prohibicionista de drogas ha generado violencia en la sociedad y no ha disminuido el tráfico y el consumo de sustancias, consideraron especialistas.
En la presentación del informe «Acabando con la guerra contra las drogas», elaborado por la London School of Economics (LSE) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), investigadores en política y economía de narcóticos apuntaron a cambiar la política de erradicación de estas sustancias por alternativas que reduzcan su impacto en la población.
«En el caso de México es evidente que los países consumidores (EU) están cargando los daños en los países de tránsito», indicó John Collins, de la LSE.
En su intervención, señaló que se tiene que evaluar también los usos terapéuticos de la cannabis.
Entre los impactos que ha tenido la prohibición en el caso de México,se observan cambios constitucionales que afectan derechos fundamentales, advirtió Alejandro Madrazo, del CIDE.
«En el combate a las drogas las políticas públicas deben ser transitorias. Pero vemos que los cambios son permanentes. Estamos reestructurando la Constitución misma para pelear la guerra contra las drogas», dijo.
Entre esos ajustes, destacó tres tipos, como la reestructuración del sistema de Gobierno, la conflación de funciones y la expansión de las medidas de excepción.
En este último aspecto, destacó el caso del arraigo, que se incorporó a la Constitución durante el sexenio de Felipe Calderón para el combate al tráfico de drogas.
«Hoy el arraigo se usa en 27 por ciento de la población carcelaria federal, pero sólo el 14 por ciento están detenidos por delincuencia organizada. Se utiliza el doble de ocasiones de las que dicta la Constitución», criticó Madrazo.
Otro de los daños que ha traído la política prohibicionista son los desplazamientos internos, el cual carece de registro en el País, lamentó Laura Tuesta, también del CIDE.
«En México existen diferentes flujos de migración que no se estudian. La gente que migra de estados violentos a no violentos no lo hace por mejoras en su condición económica», sostuvo.
En la presentación del informe, terminado en mayo de este año, están presentes también funcionarios del CIDE, así como el senador Mario Delgado.
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