Un cartel luminoso con la palabra dispensario señala al fondo del local la zona donde los socios pueden elegir entre 27 variedades de marihuana, dos resinas y 10 extracciones (un derivado del hachís producido con gas). Un par de ellos espera su turno charlando mientras en el mostrador se despachan tres gramos de mexicana. En el resto del espacio la gente fuma, charla, toma algo o contesta correos electrónicos. Son las siete de la tarde y en La Milla Verde, una de las 300 asociaciones cannábicas del área metropolitana de Barcelona, suena de fondo el tema 99 problems del rapero Jay-z. Pero, a diario, como anuncian algunos pósters de las paredes, también hay conciertos de jazz y sesiones de disc jockeys, talleres de cocina o exposiciones de pintura.
Cada asociación tiene una oferta y estilo distintos. Pero todas han crecido en una suerte de limbo legal que ha permitido su aumento exponencial en España (especialmente en Barcelona que, con 160 locales, ya compite en términos turísticos con los 198 coffee shops de Amsterdam). El volumen de negocio y el empleo que generan, así como su implantación social, han abierto de par en par y por la vía de los hechos la puerta de su regularización.
La Milla Verde está junto la calle Calvet, en la zona alta de Barcelona, y tiene entre sus 1.600 socios (solo unos 400 activos y con un rango de edad de 21 a 66 años) a vecinos, comerciantes de la zona, empresarios y estudiantes. El local está dotado de un complejo sistema de refrigeración a base de carbono y ozono y da trabajo (con contratos fijos) a seis personas. Esta asociación paga el 21% de IVA sobre las cuotas (no todas lo hacen) y la Seguridad Social de sus empleados. Según fuentes del sector, se calcula que solo en Cataluña estas entidades facturan cinco millones de euros al mes. Quizá por ese volumen económico y por su irreversible implantación, los Gobiernos de Cataluña y País Vasco (77 asociaciones registradas) estudian su regulación desde hace tiempo, aunque con escaso éxito. A nivel estatal ningún ejecutivo se ha atrevido nunca a meterle mano a un asunto que sitúa el consumo de España en tercer puesto tras Dinamarca y Francia. Según el informe anual de 2013 presentado por el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías (OEDT), más de un 25% de los adultos españoles ha consumido cannabis a lo largo de su vida.
A la espera de un proyecto que lleva meses estudiándose en comunidades como Cataluña (con 165.000 socios) o País Vasco, el Ayuntamiento de Barcelona ha suspendido durante un año la concesión de licencias de este tipo. De momento, estas asociaciones se sustentan sobre todo en la jurisprudencia de sentencias relacionadas con el tema. No hay una regulación penal ni administrativa clara.
El fenómeno nace, según todas las fuentes consultadas, al calor de la ley antitabaco de 2011, en la cual se explicitaba que solo se podría fumar en lugares cerrados (fuera de los domicilios) constituidos en clubes privados de fumadores. Estas asociaciones entienden que la ley se refería al tabaco y sus derivados, y que solo se excluía a las drogas duras. Por lo tanto, si podían asociarse para fumar tabaco, también podían hacerlo para fumar marihuana o hachís. A partir de aquí, empezaron a proliferar las asociaciones sin ánimo de lucro con un número determinado de socios mayores de edad que pagan una cuota mensual y que pueden cultivar y distribuir derivados del cannabis para sus miembros.
La boutique legal Nieto&Povedano, el principal despacho de España en esta materia, asesora a La Milla Verde. Una de sus socias, la abogada Amina Omar Nieto, explica los requisitos para abrir una asociación de este tipo en Barcelona o en otras ciudades como Madrid, donde también trabajan. Para ser socio, además de la mayoría de edad (ellos recomiendan restringirlo a mayores de 21 años, puesto que es la edad en la que científicamente está probado que el cerebro deja de desarrollarse), se necesita el aval de otro socio y el estudio de la petición por parte de la junta directiva del club (compuesta al menos por un presidente, un secretario y un tesorero). Se debe acreditar que el nuevo socio ya era consumidor habitual y no se le está induciendo a ello. Tampoco se podrá realizar publicidad. Por eso, en pleno auge del turismo cannábico en Barcelona, esta semana una juez decretó el cierre de una asociación del Raval que captaba clientes extranjeros en la calle y los registraba al instante para venderles la marihuana.
Al rellenar el formulario —tal y como se hace en la recepción de La Milla Verde— el socio debe señalar los gramos que fuma mensualmente. El límite está en 150 (más de cinco gramos al día por persona, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, podrían ser castigados como distribución).
La asociación no puede lucrarse y, en principio, revierte el dinero en su propio funcionamiento. En La Milla Verde la cuota trimestral son 5 euros, y la anual 20. La marihuana se toma dentro del local —el consumo no está penado en España salvo si se hace con el ánimo de promover su consumo ilícito—. En cuanto a la plantación y distribución, el cultivo para uno mismo tampoco está castigado si un juez dictamina que es para consumo propio. Así, los clubs consideran que lo que llevan a cabo es solo un cultivo compartido no sancionable. Aparte de la cuota, lo que cada socio paga por cada gramo en el momento de recogerlo no se considera venta sino una ampliación de la provisión entregada para el autocultivo colectivo —cuya plantación nunca se encuentra el mismo local—.
Lo relativo al cultivo suele quedar recogido en los estatutos, pero no siempre es así. “Estos, según como lo vemos nosotros, son un modo de expresión de lo que la asociación va a hacer”, explica Omar Nieto. “Deben ser absolutamente transparentes con lo que se hará, incluyendo el cultivo. Y si deben elevarse al ministerio fiscal para que los revise y apruebe, que se eleven. Nos queremos desmarcar de otras asociaciones que no hablan de cultivos en los estatutos sino que se refieren a compra mancomunada. Eso implicaría que acudes al mercado negro porque no tienes cultivo. Y si se permite ese mercado negro, no vamos a conseguir nunca regularizarlo, que es el primer objetivo”, explica.
La policía puede cerrar un cultivo si lo decreta un juez. Y ha sucedido. Pero, hasta la fecha, cuenta esta letrada, han ganado todos los recursos y los clubes se han reabierto.
“Para que sea considerado delito, deben concurrir un elemento objetivo, que es la droga, y otro subjetivo, que es el ánimo de promover el consumo ilícito”, considera Laura Alegre Povedano, encargada del departamento penal del mismo despacho. “Pero en una asociación son todos previamente consumidores, vienen avalados y consumen en el interior. Si yo tengo un cultivo destinado a una asociación no tiene por qué ser un delito ya que no se da el elemento subjetivo”.
En Madrid, donde el fenómeno es más reciente, ya hay 14 afiliadas a la Federación de Asociaciones de Cannabis (MadFac), de un total de entre 30 y 40.
Clubes como La Delgada Línea Verde empezaron a funcionar hace un año. Se trata de un local céntrico con 230 socios dividido en tres espacios: un vestíbulo de registro, una sala para fumar y un cuarto con aroma a botica donde despachan bolsitas de marihuana, dulces, repostería elaborada con hierba o latas de refrescos y cerveza que cada uno puede tomar por una “donación” de un euro. Porque, en teoría, estos locales no pueden vender bebida ni comida de forma convencional ya que estarían convirtiéndose en bares y restaurantes, justo lo que la ley antitabaco de 2011 prohibía. Como en el resto de clubes, también en este para formar parte hay que rellenar una ficha, pasar una entrevista previa y llegar recomendado por otro afiliado. “Cada uno decide su previsión de consumo. Y el concepto de venta queda eliminado”. Aquí ese cálculo tiene un tope: 100 gramos al mes, dividido en tres y medio al día y 25 a la semana. Cada integrante paga una mensualidad de siete euros y unas cuotas extraordinarias aprobadas en asamblea.
El Gobierno del País Vasco ha anunciado esta semana que antes de final de año remitirá al Parlamento un proyecto de ley para regular estas asociaciones. El Parlamento catalán también votó a favor el pasado 13 de febrero de que se apruebe una regulación “desde la perspectiva de la salud pública, autoconsumo y autocultivo, que vaya en la línea contraria de la criminalización que pretende el Gobierno español”. El plazo de cuatro meses que se dieron pronto se agotará.
Aplazado durante décadas y con el eco internacional de casos como el de Colorado y Uruguay, España se enfrenta ahora a este debate con centenares de clubs abiertos y funcionando.
FUENTE: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/06/13/actualidad/1402684898_507332.html
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