Roban con el Código Penal bajo el brazo. Se mueven con sigilo, tal vez en el círculo de confianza de sus víctimas, a las que despojan en otoño. Son «cogolleros», el terror de los cultivadores de cannabis del país. Hombres que trabajan en el agujero del sistema penal, que descubrieron que la oferta era incapaz de abastecer la creciente demanda del mercado, y decidieron intervenir a su manera: robando y vendiendo la mercancía sin pisar jamás una comisaría.
FLORES ROBADAS. Adriana tiene cuarenta y pico de años, el pelo rojo, la mirada clara. Hace más de una década que vive sola en su casa con parque de Ezeiza. Llegó desde Haedo, luego de que mataran a su padre en un intento de robo. Comenzó a fumar marihuana «de grande» y cultiva porque no quiere involucrarse en ninguna actividad ilegal. Ama sus plantas, sus perros y la soledad.
El 25 de abril de 2012 marcó el quiebre de su vida. Mientras preparaba el desayuno y releía uno de los folletos antinarcotráfico que pensaba repartir en la marcha mundial de la marihuana que se celebraría en Buenos Aires durante los próximos días, Adriana se asomó por la ventana y descubrió que su cultivo había desaparecido. La época elegida para el robo no era caprichosa: a finales de abril y principios de mayo las cosechas de cannabis suelen estar maduras, listas para ser cortadas.
Adriana salió llorando a la calle. No le importaba que los vecinos la descubrieran en pijamas y pantuflas; con el pelo revuelto y las manos temblando por la bronca. A los pocos minutos llegó un patrullero, el policía que manejaba preguntó qué pasaba.
«Me robaron las plantas de marihuana», soltó ella. Los oficiales no supieron qué responder y se marcharon por la única calle asfaltada del barrio. No tardaron más de media hora en regresar con la propuesta indecente.
«Mi compañero quiere hablar pero lo convencí que no dijera nada. Son 900 pesos», disparó el policía.
«Milito contra el narcotráfico que ustedes promueven con este tipo de actitudes», replicó con firmeza la cultivadora. Los oficiales no se animaron a insistir y desaparecieron de la escena.
Ese no fue el único robo que sufrió Adriana. Con mucho miedo, porque no sólo no podía denunciar los asaltos, sino que además tenía temor de los policías corruptos, decidió montar guardia durante todo el verano. Recibió una escopeta que jamás usó. Pero no durmió ninguna noche durante tres meses hasta cosechar a principios de otoño. «Soy una mujer grande, es mi medicina, mi derecho a la vida. Cultivo –explica– lo que consumo, hago medicinas y llevo a un hospital. Es un derecho privado que está siendo vulnerado.»
Las mismas sensaciones atravesaron la mente de Luis cuando su cultivo fue arrasado en abril pasado. El trabajo de todo un verano al rayo del sol se llevaron los cogolleros, que luego revendieron el verde botín a los dealers de Chivilcoy. Luis aprendió a cultivar con el clásico método de la prueba y el error. Más de ocho cosechas pasaron con éxito por sus manos, hasta que en 2013 robaron las plantas que criaba en la casa de su padre. Como el disgusto fue mayúsculo, para la cosecha de este año cavó trincheras de caña y contó con la ayuda de su papá, que vigilaba por las noches que nadie entrara. El esfuerzo fue vano: volvieron a llevarse las plantas y Luis se quedó llorando frente a los pozos de tierra.
«Me pregunto todo el tiempo cómo reaccionar. No puedo denunciarlos pero tampoco quiero tener el cartel de gil toda la vida. No puedo vivir tranquilo ni en mi propia casa. Me robaron lo que crié con amor, es como si le hubieran tocado el culo a mi esposa», explica Luis a Tiempo Argentino.
Los malos trances de Adriana y Luis son apenas dos muestras del fenómeno delictivo que sacude al movimiento cannábico nacional. Hay relatos de asaltos a cultivadores de todo el país. En El Bolsón, Río Negro, cortaron más de 20 cosechas en una misma noche, lo que delató que los robos sistemáticos habían sido organizados por la misma persona; en Mar del Plata a una joven le hicieron el viejo «Cuento del Tío». Le ofrecieron trabajo y cuando fue a encontrarse con la persona que lo había convocado, cuatro hombres entraron en su casa para arrebatarle la cosecha y cargarla en una camioneta que los esperaba; en Lomas del Mirador, La Matanza, Federico tuvo que aprender a convivir con los ladrones, ya que los cogolleros son hijos de un vecino suyo. También hubo robos de tinte pasional, como el que sufrió Laura, que se peleó con su novio y a las pocas semanas el muchacho se llevó todas las plantas y le mandó un mensaje de texto. «¿No llamaste a la policía cuando me fui? ¿Será porque tenés cositas ilegales en tu casa?», chicaneó.
Esta es una de claves para explicar la novedad delictiva. Según el inciso A del artículo 5 de la Ley 23.737, «será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a 15 e años y multa de seis mil a quinientos mil australes el que sin autorización o con destino ilegítimo siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes, o materias primas, o elementos destinados a su producción o fabricación». Los cogolleros conocen las leyes y saben que a ningún damnificado se le ocurriría llamar a la policía. Primero porque no quieren ir presos, segundo porque hay varios cannabicultores que tuvieron que «arreglar» con los policías de su barrio y entregar parte del cultivo para no ser arrestados. Entonces algunos cultivadores tomaron justicia por mano propia y la violencia no tardó en derramarse.
Claudio Méndez fue el primer cultivador muerto en un intento de robo. Lo asesinaron durante la madrugada del 15 de marzo pasado, en su casa de Guatraché al 1800, en Santa Rosa, La Pampa. Trepaba la casilla de gas para sorprender a los cogolleros en el techo cuando recibió un tiro en la panza. Semanas más tarde, el 9 de abril, Bruno se transformó en el primer cogollero en caer. El joven de 20 años fue asesinado a cuchillazos por el hijo del dueño de la casa de Castelar donde había entrado a robar flores de marihuana. El matador no fue imputado por el homicidio, tampoco por la cosecha personal que acabó la temporada manchada de sangre.
La cifra. 20 cosechas fueron las que robaron en El Bolsón, provincia de Río Negro, en una sola noche. Se trató de un golpe sistemático.
«Es un delito entre delincuentes»
Osvaldo Raffo es quizá el mayor referente en medicina forense de la Argentina. Luego de conocerse la nueva legislación en Uruguay en materia de venta y consumo de marihuana, publicó un durísimo artículo en su blog: «El cuadro que se observa cuando un delito acontece en una ‘fumata’ –dijo– es el de hombres en plena embriaguez con euforia delirante, con todos los estados intermedios, carreras, persecuciones, gritos y estruendos, furia y agresividad»».
Tiempo Argentino lo consultó vía mail sobre los asaltos a cultivadores. «Yo pienso que simplemente se debe considerar como robo y homicidio. Valga de ejemplo el que roba armas en una armería y mata al dueño. Sencillamente hablando, es lo mismo que robar explosivos. No creo que se trate de un vacío legal, sino más bien de un delito entre delincuentes que por supuesto no van a recurrir al amparo judicial.»
En relación con la droga, en el marco de lo que sucede en Uruguay, Raffo expresó: «Desde hace muchos años las drogas son consideradas un veneno, ahora bien, el código hipocrático prohíbe expresamente a los médicos recetar venenos, aunque fueran solicitados expresamente por el enfermo (eutanasia). Ningún médico puede recetar marihuana por cuanto en nuestro país no figura en la farmacopea ni tampoco es utilizada para el tratamiento de enfermedad alguna. Justamente es lo que yo me pregunto. ¿Si no es un médico, quién va a firmar u otorgar el permiso para la obtención de una droga que todos sabemos, es perniciosa para la salud física y mental, y capaz, de acuerdo a la personalidad del usuario, de precipitarlo directamente en el delito o hacer de trampolín para el uso de drogas más pesadas? ¿Quién lo hará?»
OPINIÓN
El robo de plantas a usuarios que cultivan es un fenónemo nacido de la prohibición
Por Sebastián Basalo
La prohibición de la marihuana no sólo hizo que su consumo y su tráfico crecieran como nunca antes en la historia, que las cárceles se llenaran de usuarios y que aquellos que tienen problemas de consumo, en lugar de asistencia, reciban los palos de la policía. También nos hizo retroceder como sociedad, al punto tal que los consumidores, desprotegidos por un Estado que los criminaliza por cultivar su marihuana para no colaborar con el narcotráfico, terminan matándose entre ellos por una planta. El robo de plantas a usuarios que cultivan es un fenómeno nacido de la prohibición.
Por un lado, la pena de hasta 15 años de prisión que pesa sobre la espalda de quien cultiva marihuana produjo una enorme brecha entre los que pueden asumir el riesgo de autoabastecerse y los que no. Por otro lado, al estar prohibida la marihuana se transformó, a partir de su escasez y del valor simbólico que el sujeto le asigna a lo prohibido, en una mercancía cuyo valor económico no para de crecer, más aún cuando proviene de un cultivo casero exento de adulteraciones. Así es como muchas personas que no pueden cultivar su marihuana o no quieren consumir un producto podrido en el mercado negro, y muchos transas que quieren aumentar sus ganancias, vendiendo un cannabis que no pagan y que además es más preciado por su cosecha artesanal, posaron su codicia sobre el esfuerzo del otro.
Desde hace algunos años, sostenido por un crecimiento notorio del autocultivo de cannabis y al abrigo de la imposibilidad de los cultivadores de denunciar el robo de algo que está prohibido plantar, comenzó un enfrentamiento salvaje entre argentinos, que ya se cobró la vida de dos personas. El único camino para terminar con esa violencia social pasa por la regulación del acceso al cannabis, que les garantice a todos los usuarios una vía segura para obtener marihuana de calidad controlada para su consumo. La inseguridad no se combate con más represión sino con más inclusión y reconocimiento de derechos.
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